La nota publicada el sábado 18 de marzo de 2017 en el Suplemento Campo del Diario la Nación  por el Director de la Maestría en Agronegocios Marcos Gallacher titulada: “Los programas de extensión rural deben ser evaluados”, no puede pasar desapercibida para los extensionistas argentinos.

Por eso acompañamos y compartimos la opinión de Dardo Selis Profesor Titular del Curso de Extensión Rural de nuestra Facultad y Presidente de la AADER como entidad que integra a aquellos que hacen Extensión desde diferentes instituciones que expresa:

“No nos oponemos a la evaluación de los Programas de Extensión, como a ningún tipo de evaluación en instituciones del sector público,  las que deben ser parte del proyecto institucional, pero debemos llamar la atención cuando el fundamento se basa en información parcial y desactualizada que nos hace pensar que esconde intenciones de influir sobre la ciudadanía para recortar el gasto público en áreas esenciales como la educación y la asistencia técnica destinada a los pequeños productores del medio rural(...) El autor cae en un reduccionismo falaz al considerar que los actores rurales se reducen a los empresarios rurales de la región pampeana, sector francamente minoritario en el agro argentino, olvidándose de las economías regionales, donde 220.000 familias integradas por  minifundistas, colonos,  pueblos originarios y pequeños productores rurales de subsistencia, que en tan solo el 13% de las tierras disponibles ocupan el 54% del empleo rural, representando el 65% del total de unidades productivas del país, que son las atendidas por los Programas de Extensión del INTA en todo el territorio nacional.

 Parece que al agronegocio le molesta que instituciones como el INTA se ocupe de los sectores que históricamente han sido postergados por el poder económico concentrado del agro. Parece molestarles que el  INTA promueva innovaciones con enfoque agroecológico, que se ocupe de la seguridad y soberanía agroalimentaria, de la diversificación de la matriz productiva, de rescatar los conocimientos locales y ancestrales, de la familia rural, de generar oportunidades para los jóvenes,  de visibilizar a los invisibles del campo, de promover la organización de los pequeños agricultores.” Alega Selis en la nota.

Desde la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales dónde se inauguró  el primer curso de capacitación en Extensión Agropecuaria en 1967, en convenio con INTA y en el marco del “50 aniversario de la Formación en Extensión Rural”, nos resulta sumamente preocupante que desde el modelo de los Agronegocios: “pretenden volver a instalar el  debate que precedió al modelo de privatizaciones y vaciamiento del estado propio de las políticas liberales de los 90, en beneficio de las grandes empresas, bajo el supuesto que transfiriendo recursos públicos al sector privado se mejorarà la relaciòn costo/beneficio” (Op.cit).

Entendemos a la extensión rural como una herramienta de política agropecuaria que contribuye al desarrollo rural y en ese mismo sentido, no es neutra, pues se constituye en una estrategia para alcanzar objetivos que pueden estimular distintos modelos agropecuarios.

Las políticas instaladas en los 90 en la Argentina, provocaron una profunda desintegración productiva, social y regional de la estructura económica nacional, reeditando orientaciones de la última dictadura. A diferencia de aquellos que consideran un rol del Estado prescindente y que confían en la mano invisible del mercado como asignador óptimo de los recursos de una sociedad, consideramos que el Estado tiene un rol irrenunciable en el diseño e implementación de políticas que aseguren la competitividad de los mercados, la inversión pública y privada, la renovación de la infraestructura física del país, la transformación de la matriz energética y productiva, el desarrollo e incorporación de tecnologías en los procesos productivos agropecuarios y la promoción de los mercados externos para la producción nacional.

En ningún lado el desarrollo ha tenido lugar sobre otras bases que la soberanía, el impulso privado y las políticas públicas. La Extensión Rural como parte de los instrumentos que dispone el Estado que permiten gestar procesos de inclusión y desarrollo socio-productivo, no puede verse como un “gasto a recortar”, tal como está sucediendo con recortes en Ciencia y Tecnología, en la educación pública, entre otros.

La UNLP desde 1905 se ha constituido en tres pilares fundamentales: la enseñanza, la investigación y la extensión. La extensión universitaria ha crecido en iniciativas que se apoyan en un significativo aumento de presupuesto universitario,

(Fuente: http://www.unlp.edu.ar/uploads/docs/plan_estrategico_2014_2018.pdf) justamente a la inversa de los que nos propone Gallacher en su nota.

En virtud del interés que tiene este tema, estimulamos el debate en nuestra comunidad académica en el año donde se conmemoran los 50 años del primer espacio formativo en Extensión Rural en la Argentina.

Aquí abajo compartimos ambas notas para que puedan sacar sus propias conclusiones.

NOTA DE LA NACION

 http://www.lanacion.com.ar/1994565-los-programas-de-extension-rural-deben-ser-evaluados

NOTA SELIS

http://aader.org.ar/detalle.php?c=337

Vicedecana Irene Velarde (Profesora Adjunta de Extensión Rural)